El PP y el derecho al aborto

El PP y el derecho al aborto

José Ángel Lozoya Gómez



El País informaba el pasado cinco de enero de que el Gobierno busca fórmulas para reformar la Ley del aborto, estableciendo la obligatoriedad de consentimiento de los padres para las mujeres de entre 16 y 18 años.

La batalla que culminó con la dimisión de Gallardón dejó claro que el movimiento feminista conserva intacta su capacidad para liderar la indignación de las mujeres ante cualquier intento de limitar su derecho al aborto, al tiempo que puso en evidencia que se han producido cambios muy importantes en la correlación de fuerzas entre los partidarios y los detractores de este derecho desde 1985.

En la primera mitad de los años 80 defendían el derecho al aborto las organizaciones feministas y de izquierdas junto al diario El País; estaban contra este derecho la tradición, la legislación, el Gobierno, los jueces, los colegios de médicos, la Iglesia y la práctica totalidad de los medios de comunicación. Hoy los antiabortistas han dejado de representar la tradición y han perdido el apoyo de la ley, los jueces, los colegios de médicos, la mayoría de los católicos y los medios de comunicación.

Antes de la aprobación de la Ley del 85 el sistema judicial ya demostró su incapacidad para hacer cumplir la ley persiguiendo y condenando a las miles de mujeres sobre las que tenía pruebas de que habían abortado, y ni lo intentaba con los colaboradores necesarios. Fue el recuerdo de esta incapacidad la que llevó a Gallardón a asegurar que en su proyecto de ley no se hacía reproche penal contra las mujeres y que ninguna de ellas iría a la cárcel por abortar. Sabía que ninguna democracia es capaz de encarcelar a más de 100.000 mujeres al año.

Este reconocimiento no evitó la reacción de indignación popular que acabó con su dimisión, pero todo parece indicar que el Gobierno no confía, ni desea, en que el Tribunal Constitucional resuelva pronto el recurso que el PP presentó contra la Ley del aborto de Zapatero en el que aseguraba que el articulado de la misma era "contrario al derecho a la vida tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en 1985", pero se siente presionado a hacer algún gesto hacia su electorado antiabortista, indignado por la derrota que supuso la retirada del proyecto de Gallardón para tratar de conservar sus votos.

Es por eso que trata de atentar contra el derecho de las jóvenes con el menor coste posible y baraja dos opciones: una posibilidad, que le permitiría evitar mencionar la palabra aborto, pasa por legislar sobre quién tiene la última palabra en las intervenciones médicas a adolescentes, sustituyendo el consentimiento de los menores emancipados o mayores de 16 años, que figura en la norma actual, por el consentimiento de los representantes legales (los padres). Pero se trata de una vía lenta que quizás no tengan tiempo para aprobar en esta legislatura y que provocaría el debate público que desean evitar.

La segunda opción es que el Grupo Popular presente una proposición de ley directamente en el Congreso, agilizando los trámites y evitando los informes, que podría aprobarse antes de verano. No es una vía habitual, pero ya la utilizaron en contra de todos los grupos en 2013 para eliminar la justicia universal.

Tenemos que permanecer alerta porque, aunque el liderazgo corresponde al movimiento feminista, la defensa de las libertades democráticas es responsabilidad del conjunto de la ciudadanía.


Sevilla, enero 2015

adjunto: 

Revista de la RXHI

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